• La tarde de este miércoles, el presidente Carlos Alvarado compareció ante los diputados durante largas horas de razonamientos improvisados y poco profundos, en su mayoría.

Ni forma ni fondo. En eso se podría resumir la mayoría de intervenciones por parte de los diputados en la comparecencia del presidente Carlos Alvarado por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).

La interpelación se llevó a cabo en el Plenario Legislativo, después de que las acusaciones de inconstitucionalidad sobre esta convocatoria, por parte de Alvarado, no llegaran a nada.

La sesión inició con aproximadamente 30 minutos de retraso y se extendió durante ocho horas y media incluyendo recesos, en la que incluso participaron diputados externos a la comisión encargada de investigar el presunto uso ilegal de datos de la población.

Los ánimos se caldearon rápidamente cuando el diputado independiente Dragos Dolanescu tomó el turno para interrogar al Presidente. “Seré muy duro con su persona” le dijo de entrada el legislador.

Las respuestas de Alvarado pusieron tenso el ambiente, pero la verdadera crispación llegó cuando Dolanescu cuestionó al Presidente por la clave de su celular, al preguntarle si era cierto que esta era “123456”.

Tras este hecho, visto por Alvarado como un acto de “mala fe”, los abogados del Presidente externaron su preocupación por la “filtración” de detalles de la investigación, por lo que la Fiscalía General ordenó a la Dirección del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) iniciar una investigación, para determinar la identidad de las personas que le facilitaron al diputado la clave del celular del Presidente.

Dolanescu llegó a la comparecencia queriendo mostrar dureza. Antes de iniciar, subió a sus redes una fotografía en la que muestra dos archivadores, en apariencia vacíos, de casos diferentes al que se iba a tratar en esta sesión.

Otra de las polémicas se dio cuando la congresista de Restauración Nacional, Floria Segreda, y el socialcristiano Pedro Muñoz, utilizaron términos como “chiquillos” de manera despectiva para referirse a los funcionarios de Casa Presidencial involucrados en el caso.

Esto provocó la reacción de la liberacionista María José Corrales, quien respondió: “no minimicemos a la juventud costarricense con frases despectivas”.

Silvia Hernández, presidenta de la comisión investigadora de la UPAD, respaldó la postura de su compañera de fracción e instó a los legisladores a referirse con respeto hacia todas las personas involucradas en la discusión, advertencia que tuvo que repetir en más de una ocasión.

Más tarde, entre lo que vale la pena destacar, el diputado frenteamplista Jose María Villalta hizo uso de su espacio para hacer preguntas “no sobre el fin sino sobre los medios” del asunto tratado.

Con mucha claridad, Villalta le preguntó a Carlos Alvarado si había leído con detalle el decreto que permitió la creación de la UPAD antes de firmarlo, a lo que el mandatario contestó que solo constató que tuviera las firmas de los jerarcas, pues “es humanamente imposible” leer todos los documentos que llegan a su despacho.

Durante ese mismo espacio, Alvarado defendió la legalidad de la UPAD, pero determinó que contenía un error de redacción que permitía generar malas interpretaciones, refiriéndose al artículo 7 donde se menciona que “se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera”, siendo la palabra “confidencial” la génesis de la polémica.

Además de Villalta, la diputada liberacionista Silvia Hernández, presidenta de la comisión que investiga este caso, también utilizó su espacio de manera efectiva y planificada.

Entre las respuestas de Alvarado a las preguntas hechas por Hernández, el Presidente aceptó ser el creador de la unidad que pretendía la recopilación de datos, sin embargo, dejó puestas las dudas sobre a quien le correspondía la responsabilidad del acceso a datos sensibles en Casa Presidencial.

El estudiado interrogatorio de la diputada liberacionista Ana Lucía Delgado, también dio detalles clave sobre lo que se podría considerar “atribuciones auto otorgadas” de los colaboradores del Presidente, en palabras del politólogo Gustavo Araya, por solicitar información sensible que “aleja (al caso) del error y lo acerca al espionaje”, según el análisis de Araya.

La sesión transcurrió con muchas otras infructuosas interpelaciones como la de los independientes Jonathan Prendas y Erick Rodríguez, la socialcristiana Shirley Díaz, la oficialista Nielsen Pérez, Melvin Núñez de Restauración Nacional, y terminó con la liberacionista Franggi Nicolás.

En reiteradas ocasiones, Carlos Alvarado se defendió asegurando que “nadie espió a nadie, nadie se robó plata, nadie vendió información”, y que si se analizaron datos fue para “gobernar mejor”, “como lo hacen los países desarrollados”.

La sesión, que bien pudo haber durado muchísimo menos, terminó a las 5:57 minutos de la tarde.

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