• Delito de discriminación racial actual establece penas de multa que no son proporcionales a la gravedad de los hechos, pero además, en la práctica no tienen ningún efecto.
  • Legislación penal debe reformarse para que cubra todas las categorías protegidas por los derechos humanos.-Reforma de la legislación nacional lleva pendiente 54 años. 

Con el objetivo de cumplir con un gran pendiente de nuestro país en materia penal y de derechos humanos, fue presentado a la corriente legislativa un proyecto de Ley que plantea adecuar las sanciones del delito de discriminación racial y crímenes de odio vinculados.
Se trata del Expediente Nº 22.171, “Ley para penalizar los crímenes de odio, del delito de discriminación racial y otras violaciones de derechos humanos”.

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La iniciativa es impulsada por la diputada Nielsen Pérez, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y el diputado Jorge Fonseca, del Partido Liberación Nacional (PLN), junto a otras diputaciones de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos. 
Responde a las reiteradas excitativas del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, para que nuestro país revise la sanción al delito de discriminación y haga las enmiendas del tipo penal para que se ajuste a los parámetros de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, suscrita por Costa Rica desde 1966, es decir, hace 54 años.
“Nuestra legislación pena este tipo de delito con una multa, que al ser sumamente baja, no hace justicia a la persona violentada. Además, la ley tiene problemas de redacción, no cubre todas las causales de sanción o de categorías protegidas por los derechos humanos y carece de definiciones completas, lo que ha tenido como consecuencia que sea de prácticamente nula aplicación y que a todas luces, facilite la impunidad”, explicó la legisladora Nielsen Pérez, quien preside la Comisión de Derechos Humanos, donde se ha analizado el tema. 
En dicho órgano legislativo, compareció el señor Quince Duncan, quien en junio de este año señaló la necesidad de proceder con esta reforma penal, cuya ausencia ha ido en perjuicio de los derechos humanos de la población afrocostarricense, principalmente. 
A raíz de esto, la presidenta de la Comisión conformó un grupo de trabajo con el objetivo de redactar este proyecto de ley, de acuerdo con los ajustes de convencionalidad requeridos. Además contó con los aportes sustanciales de don Quince Duncan en la redacción final del texto.
“Es urgente que Costa Rica cumpla con sus compromisos internaciones y proteja la integridad y la dignidad de sus habitantes según los estándares de derechos humanos,  estableciéndose claramente en la ley que los crímenes de odio y la discriminación racial son sancionados como delitos con penas proporcionales a la gravedad de los hechos”, enfatizó el diputado Jorge Fonseca.


Las sanciones penales

La iniciativa establece una pena de 20 a 35 años de prisión a quien mate a una persona, por causa o en razón de su color de piel, características físicas, raza, etnia, sexo, religión, discapacidad, nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, opinión política, origen social, situación económica o condición de salud. 
Esto corresponde a la definición de Crímenes de Odio que se incluye como una de las modalidades de homicidio calificado, que aún no está contemplado en el Código Penal.
Plantea una necesaria reforma al delito de tortura y genocidio desde una perspectiva de derechos humanos y condición étnica, e incorpora un nuevo delito que se denomina difusión de la discriminación racial.
Además, agrega causales y formas de discriminación faltantes en la concepción del  delito de discriminación racial, a lo que impone que sea sancionado con 1 a 3 años de prisión, en lugar de penas de multa.
Con estos ajustes se busca promover la reparación de los daños a las personas víctimas de crímenes de odio y discriminación, y una intervención estatal dirigida a erradicar estas prácticas contrarias a la dignidad humana.

Andres Parra

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