• Poder Ejecutivo asignará distintos porcentajes a las instituciones.

Un total de 14 instituciones públicas costarricenses darían un aporte solidario de hasta 30% de sus utilidades como una medida temporal y extraordinaria para enfrentar la crisis generada por la pandemia Covid19 y así contribuir con la con la sostenibilidad de las finanzas públicas, el ajuste está incluido en el proyecto de ley N.22.384, presentado por el Gobierno que pretende recaudar anualmente un 0,20% del Producto Interno Bruto (PIB).

El propósito de la iniciativa es que, por un periodo de cuatro años, se aplique un aporte solidario sobre la utilidad de las empresas públicas después del pago de impuestos y cualquier otra carga, para que sea girado al Estado costarricense para atender el pago del servicio de la deuda.

¿A cuáles empresas se le aplicaría esta medida?

Banco de Costa Rica (BCR), Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Instituto Nacional de Seguros (INS), Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., Correos de Costa Rica S.A., Editorial Costa Rica (ECR) Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (Japdeva) Junta de Protección Social (JPS) Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (Recope).

La iniciativa también menciona que el porcentaje específico que le corresponderá a cada entidad será determinado vía decreto. El Poder Ejecutivo podrá asignar porcentajes de aporte diferentes, en función de factores como: disposiciones de normativa prudencial, necesidades de capitalización y prioridades del plan nacional de desarrollo, entre otras. El monto agregado de todos los aportes por año debe ser equivalente al 0,20% del PIB y no puede superar el límite establecido del 30% a las utilidades disponibles.

Asimismo, el proyecto de ley contempla un apartado de transitorios a las leyes constitutivas de las entidades en los casos en que la normativa vigente podría generar conflictos con la propuesta al prohibir el devengo del Gobierno de un porcentaje de las utilidades netas de tales empresas.

“Se trata de los proyectos que ya habíamos referido sobre renta global, el impuesto de 0, 5% a los inmuebles de lujo con un valor superior a los ¢150 millones, y otro que viene a establecer una contribución a las empresas públicas, adicional a las contribuciones que realizan actualmente”, comentó Elian Villegas, ministro de Hacienda.

Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia, mencionó que las iniciativas presentadas contribuyen al trabajo conjunto por estabilizar la economía del país y fortalecer las finanzas públicas, así como tener los recursos para programas esenciales de la población y solventar las necesidades de financiamiento del próximo gobierno.

Este proyecto de ley junto con otros ocho son los propuestos por el Gobierno que espera sean aprobados con el fin de lograr el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y así encaminar la ruta de la reactivación económica del país.

Keylor Esquivel

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